jueves, 21 de abril de 2011

Pactar con el KILO

Los que de manera abierta o simulada promueven la idea de que para bajar la violencia hay que pactar con los cabecillas de los grupos criminales, tendrán tiempo y calma para reflexionar en estos días sobre el tamaño de su error.



¿Qué se puede negociar, por ejemplo, con El Kilo?




Ahí está uno de los homicidas que han estremecido a la sociedad con su actuar criminal, detenido en medio del ruido "ciudadano" para que el gobierno pacte acuerdos con los delincuentes.



El Kilo está acusado de ordenar la muerte de 217 personas que transitaban por San Fernando, Tamaulipas, además de asesinar al Ministerio Público y al secretario de Seguridad Pública del municipio.




¿Quién con un poco de sentido común piensa que se debe llegar a un acuerdo con una persona así?







De ese tamaño es el error, o la tontería, de sugerir pactos con los jefes criminales.



Según la lógica de los que sugieren pactar, habría que hablar con ese tipo en términos más o menos así:







—Don Kilo, ¿podría usted reclutar a los nuevos pistoleros de su organización sin matar a los que digan que no?




—¿A cambio de qué?



—Pues a cambio de que no persigamos los homicidios, extorsiones y robos que ordena realizar, porque entendemos que usted y sus amigos viven de eso.

Se trata de una locura por donde se le mire.



Ese sujeto, y quienes trabajan para él, detenían autobuses en la carretera a la altura de San Fernando para incorporar a los hombres en edad de usar armas a las filas de su organización criminal.



Muchos de esos doscientos y tantos cadáveres eran personas que juntaron sus ahorros, vendieron lo que tenían o pidieron prestado para irse de braceros a Estados Unidos.



Sus familias estaban con la idea de que ya habían pasado del otro lado y algún día recibirían noticias suyas.




De esos entretelones del drama humano se aprovechan los capos, grandes o medianos, para sumar contingentes a sus pandillas.



Es una leva asesina.



Ante eso no queda otra alternativa que aplicar la ley, como afortunadamente ocurrió con ese sujeto de nombre Martín Estrada Luna.



Para eso el Estado tiene la facultad constitucional de usar la fuerza.



Cuando el Estado emplea la fuerza contra esos grupos y sus pandillas, está cumpliendo con un deber básico.



Si no lo hiciera el gobierno tendría que irse entre la indignación ciudadana.


Aunque en nuestra loca realidad haya quienes le exijan al gobierno que le pare. Y que pacte o que se vaya.

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